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Alquiler de Licencias de Taxi

La patronal del taxi denuncia ante el Concello el alquiler de 30 licencias y exige que investigue

CARLOS PREGO La voz de alarma sobre el duro golpe que la crisis está asestando al taxi vigués la daba, hace casi un año, su anterior directiva. Desde 2007 la facturación de los coches bajó un 45% e incluso las licencias, que en su mejor momento llegaron a cotizarse a 200.000 euros en un mercado al margen de toda regulación, se "malvendían" en 2011 por 120.000 euros. Desde entonces el colectivo apenas ha visto síntomas de recuperación. Al contrario, la necesidad de repartir un pastel cada vez más escaso ha decidido a la Cooperativa de Taxistas de Vigo a meter mano en un "problema" que su presidente, Manuel Chorén, reconoce tan "gordo" como espinoso: el alquiler de licencias. Hace poco más de un mes el colectivo señaló al Concello -dueño último de las concesiones- cerca de 30 licencias que sus propietarios arriendan, con todas las obligaciones y beneficios que su explotación conlleva, a cambio de una mensualidad fija que ronda los 500 euros. La cooperativa exige a la concejalía de Tráfico que "se controlen para que las trabaje quien tiene que trabajarlas" y, llegado el caso, "se retiren".

La legislación sobre el taxi es clara al prohibir el alquiler de licencias. El Real Decreto de 1979 sobre los servicios urbanos de transporte previene de forma directa esa práctica al especificar que -en las poblaciones de más de 5.000 habitantes- "toda persona titular de licencia tendrá la obligación de explotarla personalmente (...) en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad de profesiones". La única potestad que deja en manos del autopatrono es trabajar "en conjunto mediante la contratación de conductores asalariados". El decreto contempla incluso como causa para "revocar y retirar" la concesión, "el arrendamiento, alquiler o apoderamiento de las licencias".

La dificultad para demostrar que un taxi está alquilado sirve de paraguas a quienes se deciden a contravenir la ley. En el sector se mira ya la práctica como un mal incrustado. "Siempre hubo licencias alquiladas", reconoce Chorén. Esa "tradición" y la ausencia de un reglamento que arbitre los arrendamientos hace que cada caso sea particular; pero en el colectivo sí se reconocen unas reglas no escritas. Un código compartido. El propietario deja la licencia en manos de otra persona, "se desentiende por completo de ella", y a cambio recibe cada mes 500 euros "limpios de polvo y paja". "El alquilado tiene que hacerse cargo de todo: reparaciones, gasolina... su deber es dejar el dinero limpio y punto", explican desde la profesión. Lo más extendido es que ni siquiera la persona que paga por la licencia se siente al volante del taxi. Asume el papel de "mediador" y contrata, a su vez, a uno o dos asalariados que ruedan en la calle con el vehículo. El "abandono" del dueño de la licencia es tal que, aunque esos empleados trabajan oficialmente para él, los costes y toda la tramitación de su cotización a la Seguridad Social corren por cuenta del "mediador".

Fuentes del sector concretan que en esa relación de alquiler hay tres partes: el propietario de la concesión, que en ocasiones "trabaja en otro sector, está jubilado, en el extranjero o es incluso el taxista de otra licencia"; el "mediador" - "hay gente que gestiona varias licencias ajenas, lo combina con los trámites de la venta de taxis y se dedica a ello de forma profesional", apunta un autopatrono-; y, el asalariado, que es el que soporta la peor parte. "Para sacarle rentabilidad muchas veces se cotiza por ellos dos o cuatro horas y después se les tiene trabajando en la calle durante jornadas de 12 horas", reconocen desde el colectivo.

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